RESULTANDO: 1o.) que el estado de morosidad afecta a numerosos permisarios que ocupan espacios públicos en sus diversas modalidades, abarcando las denominadas venta callejera, ferias permanentes, ferias especiales, quioscos, puestos fijos o rodantes de expendio de alimentos y situaciones similares comprendidas en los cometidos de administración de dicho Departamento;

2o.) que las dificultades de pago de los mencionados derechos, generadas por las notorias y severas circunstancias económicas que se viven, se ven agravadas por el incesante crecimiento de aquellas deudas impagas, al continuar devengando intereses moratorios;

3o.) que tratándose de deudores que son en general de modesta condición, la continuación de una morosidad creciente conduciría, por aplicación de las normas en vigor, a la declaración de caducidad de permisos, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y escasas o aún menores probabilidades de recuperación de los créditos de que es titular la Administración Municipal;

CONSIDERANDO: que por las razones expuestas de índole social e interés de la Administración, conviene determinar la cuantía de cada deuda, fijándola como capital adeudado sin computar recargos e intereses devengados, y posibilitando así su reconocimiento y amortización por los deudores, en ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 275 (ordinal 4o.) de la Constitución de la República;