Montevideo participó en la audiencia pública de la Corte Interamericana de DDHH sobre emergencia climática
El viernes 24 de mayo, en la ciudad de Brasilia, Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia pública sobre emergencia climática y derechos humanos.
La CIDH es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, junto con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Funciona como una institución judicial autónoma, que ejerce funciones contenciosas, consultivas y dicta medidas provisionales.
En el marco de sus funciones, la CIDH realizó una convocatoria a expresarse sobre la solicitud de opinión consultiva de la emergencia climática y los derechos humanos, realizada por los países de Colombia y Chile.
Montevideo, a fines del año pasado, fue el único gobierno local que presentó un documento con varias formulaciones. Al finalizar esta convocatoria, la Corte citó a una serie de audiencias para ampliar lo expresado.
Montevideo, a través de la directora de la División Relaciones Internacionales y Cooperación de la comuna, Fabiana Goyeneche, participó en esta audiencia con el objetivo de definir y destacar el rol que los gobiernos locales ocupan en la lucha contra el cambio climático, entendiendo que la defensa del ambiente implica necesariamente la protección de los derechos humanos y es también una cuestión de justicia social.
“Cuando nos enfrentamos a la convocatoria de la Corte, evaluamos que era fundamental hacer un aporte desde la realidad de los gobiernos locales y regionales: estamos en el primer nivel de contención de la población ante eventos climáticos de desarrollo lento y extremos, desempeñamos un papel crucial en la respuesta al cambio climático y en la implementación de medidas de prevención y adaptación”, señaló.
En su exposición, Goyeneche indicó que las ciudades “tenemos la responsabilidad y capacidad de traducir políticas de mitigación en acciones concretas a nivel comunitario: tenemos amplia experiencia en la gestión de las emergencias en territorio y por eso debemos contar con un lugar en las mesas de discusión y decisión de los organismos nacionales e internacionales”.
La jerarca agregó que, de acuerdo a datos de Naciones Unidas, el 55% de la población mundial actualmente vive en ciudades y se prevé que el nivel de urbanización sea de casi un 70% para el año 2050. Además, según la CEPAL, América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo con casi un 80% de la población latinoamericana viviendo en zonas urbanas.
“Esto implicará que los gobiernos locales debamos asumir cada vez más responsabilidades, desplegar políticas más complejas y profundas; las que tendrán que ser acompañadas -entre otras definiciones- por las asignaciones presupuestales correspondientes” enfatizó.
En ese sentido, la directora de Relaciones Internacionales recordó el rol de Montevideo durante la crisis hídrica que afectó a la ciudad y área metropolitana: “la combinación de las consecuencias del cambio climático y la variabilidad climática nos sumieron en el cuatrimestre más seco en 60 años en 2023.”.
Ante esta situación “el gobierno departamental declaró la situación de emergencia y desplegó una serie de medidas, que incluyeron el refuerzo del nivel primario de atención de salud, el reparto de agua embotellada gratuita a la población afectada y perforaciones en búsqueda de nuevas fuentes de agua dulce, entre otras. Porque los gobiernos locales protegemos y defendemos los derechos asociados al ambiente, incluido el derecho universal al agua” explicó Goyeneche.
Por lo tanto, “con base en esta experiencia, queremos pedirle a la Corte que determine cuáles son las obligaciones diferenciadas de los gobiernos locales en la salvaguarda de los derechos humanos, en contexto de afectaciones al derecho a la salud y al medio ambiente sano” dijo la jerarca y solicitó, asimismo, que la institución exprese “cuáles son las obligaciones diferenciadas de los gobiernos nacionales no solo para con la población, sino para con los gobiernos locales”.
Finalmente, la jerarca recordó el posicionamiento la red Mercociudades en el Foro Mundial del Agua, mediante la declaración de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), y adelantó que en Montevideo se convocará a un diálogo participativo, horizontal e informado con la sociedad civil para aportar en la implementación del Acuerdo de Escazú en Uruguay.
